Investigan sobre el uso de productos fitosanitarios para prevenir conflictos

Un estudio relevó las ordenanzas sobre aplicación de fitosanitarios -productos que se usan para controlar las malezas, hongos, o insectos- que existen en la provincia de Santa Fe. El análisis alcanzó al departamento del sur provincial y según los investigadores el 81% posee reglamentación al respecto. Delimitar zonas urbanas de rurales, capacitar e informar a la sociedad son acciones fundamentales para evitar conflictos.

Una investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario analizó las ordenanzas dictadas sobre la aplicación de fitosanitarios en los municipios y comunas de los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe y evaluó la difusión realizada entre los responsables del uso de productos y de la población en general. “El crecimiento de los pueblos y ciudades hizo que los habitantes perciban la aplicación de fitosanitarios como un riesgo potencial para su salud y ambiente. Hay un alto grado de preocupación puesto de manifiesto en la producción agropecuaria en lo referente a su uso y esto provoca inconvenientes entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas”, contó Liliana Bulacio, investigadora del proyecto.

El trabajo fue realizado por la cátedra de Terapéutica Vegetal, Sociología Rural y Extensión Rural de la Facultad y se basó en el estudio de las legislaciones existentes en los departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo que comprenden 120 municipios y comunas relevadas en su totalidad. “En términos de legislación y reglamentación las provincias han dictado leyes sobre fitosanitarios que en mayor medida abordan el uso, capacitación y aplicación”, indicó Bulacio a Argentina Investiga.

La provincia de Santa Fe, explicó la investigadora, fue pionera en este tema desde 1978, pero en 1995 se sanciona la ley 11273 de Productos Fitosanitarios que rige en la actualidad. “A partir de esto, algunos municipios y comunas han dictado sus propias ordenanzas respecto de la aplicación de fitosanitarios dentro del marco de la ley y en algunas poblaciones trajo algunos inconvenientes”, detalló la especialista.

Según el proyecto de la UNR, de las 120 localidades, el 81% posee ordenanzas sobre la aplicación de fitosanitarios que fueron promulgadas, en mayor proporción, entre 2006 y 2010, salvo en el departamento General López, donde el 50% de las ordenanzas fueron promulgadas después de 2011.

“Todas las legislaciones promulgadas son debido a que se han puesto de manifiesto aquellas prácticas exclusivas del sector agrícola, en la mira de la percepción pública, debido a los accidentes y posibles malas prácticas en la aplicación de los fitosanitarios e impulsaron la necesidad de mejorar las regulaciones y los controles tanto a nivel provincial como municipal”, sostuvo Bulacio.

El interés por investigar esta temática surgió cuando se realizó un convenio entre el ministerio de Agricultura de la provincia de Santa Fe y el Colegio de Ingenieros Agrónomos santafesino donde surgió la figura de los agroasesores, que son ingenieros agrónomos que van a las comunas para asesorar y analizar las problemáticas que pudieran surgir y las posibles soluciones de estos conflictos.

Para la investigadora, el mayor inconveniente surge entre los agricultores y los pobladores de las zonas periurbanas, que son los espacios intermedios y sin delimitación entre lo que se considera el pueblo o la ciudad y el campo. En este sentido, Bulacio remarcó como de vital importancia que los municipios y comunas delimiten las zonas urbanas de las rurales. Al respecto, detalló: “Es necesario que se realicen consensos entre todas las personas que estén integrando esa comunidad, los pobladores, porque cada comunidad tiene su idiosincrasia”.

En este escenario, la necesidad de capacitación y la transparencia de la información son dos puntos de jerarquía en el proyecto de investigación. “Son importantes las capacitaciones a todos los involucrados en la problemática y sobre todo llegar a que el poder político se informe bien sobre el uso de éstos productos”, propuso Bulacio para quien es necesario convivir con estas aplicaciones pero en el marco de las buenas prácticas.

“Sabemos que son productos no inocuos pero que no dañan a la salud de la población, si están bien aplicados ya que están destinados a un blanco en general, que son insectos, hongos y malezas”, aclaró la especialista. Y añadió: “Si el ingeniero agrónomo hace su receta de aplicación, el aplicador tiene su matrícula en su equipo, hace cursos para conocer cuándo y cómo se debe aplicar dicho producto y se delimitan bien las comunas, se reducen las posibilidades de conflictos”.

Además, Bulacio indicó que “en las casas se aplican muchos productos y estamos expuestos por ejemplo a aerosoles, insecticidas que la gente aplica en la casa y se queda dentro de ésta. Por eso, hay que estar informados ya que el que no conoce tiene miedo. Hay que conocer y tener la fuente científica de ese conocimiento”, concluyó la investigadora.