La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) culminó recientemente un importante trabajo de certificación de reservas y recursos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, en el marco de un nuevo esquema de auditorias dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación para optimizar el control de las actividades desarrolladas por las empresas permisionarias y concesionarias del sector petrolero.
La UNPA fue contratada para realizar estas certificaciones, al igual que otras casas de Altos Estudios del país, a partir de una nueva legislación nacional que coloca a las universidades como ‘consultores privilegiados’ – porque aportan una mayor transparencia en la selección de expertos- y por encuadrarse además en las disposiciones de la Secretaría de Energía, que en la Resolución 324/06 establece que pueden acceder a estos trabajos las instituciones que tengan carreras relativas al gas y el petróleo.
Asimismo, esta resolución determina que las áreas que exportaron durante el año 2005 la totalidad o parte de los hidrocarburos extraídos o elaborados serán auditadas exclusivamente por Universidades Nacionales o por la propia Secretaría de Energía.
En función de ello, y luego de inscribirse en el Registro de Auditores y Certificadores de Reservas y Recursos, la UNPA fue contratada para realizar los trabajos correspondientes en los yacimientos Señal Picada, Punta Barda, Señal Cerro Bayo, Filo Morado, El Portón (Neuquén - Mendoza), Campamento Central, Bella Vista y Cañadón Perdido (Chubut) de YPF Sociedad Anónima; El Trapial, de Chevron; y en Roch SA; Petrolera Entre Lomas; Consorcio Yacimiento Ramos (Salta) y Colihué Huapi.
Para la realización de estas certificaciones, la UNPA contrató a seis profesionales de las áreas de Ingeniería y Geología – los licenciados Daniel Roble, Julio Cueto Vilche, Juan Carlos Napolitano y Eduardo Carrara; el doctor Enrique Darderel y la ingeniera María Concepción D’ántonio- y conformó con ellos tres equipos de trabajo que en los últimos meses realizaron los controles en las empresas y en los yacimientos mencionados.
Por este trabajo de consultoría, la Secretaría de Energía pagó un monto total de 240.000 pesos, que, una vez descontados los gastos de la certificación (honorarios, traslados, etc.) dejarán para la universidad un saldo a favor de 88.673,44 pesos.

Recursos para financiar proyectos

Aníbal Billoni, rector de la UNPA, destacó el trabajo de los profesionales y “el valioso aporte dela ingeniera María Concepción D’antonio, que trabaja en la Unidad Académica Río Gallegos” y consideró que la participación de la universidad en este ámbito “es algo muy importante, porque lo que hace la Secretaría de Energía es confiar en la probidad, en la seriedad de la universidad para certificar los valores y los trabajos que presentan las empresas”.
“Nosotros, a través de los profesionales contratados, debimos certificar que la información presentada por las empresas se ajusta a la realidad. Y en el caso de que no hubiera sido así, teníamos que marcar cuáles eran las diferencias”, detalló el rector, quién aclaró que en las auditorias realizadas “no se presentó ningún problema”.
Asimismo, sostuvo que este esquema de trabajo le permite a la UNPA “generar recursos propios muy importantes, en este caso de más de 80 mil pesos, que podrían ser utilizados para el financiamiento de actividades que tengan que ver concretamente con el desarrollo regional”.
. En tal sentido, adelantó que en la próxima reunión del Consejo Superior se presentará una iniciativa para que “todos los excedentes o recursos generados mediante esta actividad se vuelquen, a través de la Universidad o de la Fundación UNPA, para financiar la promoción, la generación y el fortalecimiento de pequeños y micro emprendimientos con base tecnológica, y particularmente proyectos y propuestas elaborados por los docentes y egresados de nuestra casa”.
Respecto de la modalidad de las certificaciones,Billoni indicó que “la secretaría define en qué empresas y en qué lugares se va a hacer la certificación, le informa a la empresa y a la universidad, y la universidad contrata un equipo técnico de dos profesionales”.
“Este nuevo esquema de certificaciones tiene que ver con el hecho de que algunas empresas informaron que sus reservas habían disminuido, pero es además un procedimiento estándar de la Secretaría de Energía, que tiene el derecho y la obligación de hacer estas auditorias como parte del control del Estado”, señaló el rector.
La legislación actual, que permite que los profesionales universitarios y las universidades sean ‘consultores privilegiados’ permite al país aportar capacidad y disminuir el gasto público en este rubro, además de utilizar el potencial profesional que el mismo Estado forma, brindar a las Casas de Altos Estudios generar un ingreso extra y contribuir a que el dinero invertido en estos trabajos no salga del circuito estatal.

(Fuente: www.uninoticias.org.ar)